Hidroeléctrica Las Placetas y el Estado Social, Democrático de Derecho.

La sociedad se ha transformado, pasando de una democracia representativa a una democracia participativa, los movimientos que se han desarrollados en las últimas décadas van en esa dirección, motivado por el impacto que han tenido las redes sociales en la estimulación de las nuevas formas de gobernar desde la ciudadanía, quienes han entendido que la democracia no es sólo ejercer el derecho al voto, sino que conlleva derechos y responsabilidades que obligan a participar de la planificación y ejecución de las políticas públicas que permitan un ejercicio transparente y equitativo de los recursos públicos.

Partiendo de estas ideas, hay que destacar que las manifestaciones de los últimos años se sustentan en el derecho que consagra la constitución de la república y las leyes;  por eso cada vez más casos llegan a los tribunales de la nación y a las altas cortes, esto como condición de reivindicar el respeto de derechos colectivos y como una necesidad de la protección efectiva que se consagra en el nuevo Estado que se hace llamar Estado Social y Democrático de Derecho, la más alta expresión de la organización social y de gobernar de la humanidad.

En ese contexto se crean las condiciones para que las comunidades puedan defender la naturaleza y de ahí tienen sentido todos los movimientos ambientales que se desarrollan no solo en República Dominicana, sino a nivel global.

Entre tantas manifestaciones en República Dominicana se pueden mencionar las siguientes: luchas por los Haitises, luchas en contra de Barrick Gold, Unigold y otras empresas mineras y, sobre todo, la lucha nacional que reclama a Loma Miranda Parque Nacional, la más emblemática de las luchas ambientales de las últimas 3 décadas, en ese contexto, diversos tribunales han fallados a favor de casos ambientales, como es el caso de Loma Miranda, donde hubo fallo a favor de la lucha del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). 

En el último año la lucha en contra de la hidroeléctrica de Las Placetas ha ocupado la gran región del Cibao y por la insistencia de las autoridades hay que recordar que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho, donde la participación de los ciudadanos es fundamental para el desarrollo de cualquier iniciativa, en este caso, La Sierra se opone de forma absoluta a ese plan del gobierno y lo ha demostrado con diversas manifestaciones en: SAJOMA, Jánico, Santiago y Estados Unidos, lo último fue una huelga, donde pueblos pacíficos como Jánico, Juncalito, SAJOMA, Las Placetas, el Rubio y La Cuesta  se paralizaron en más de un 90% sin quemar gomas o utilizar mecanismos violentos.

Con la presa hidroeléctrica Las Placetas se violentan derechos humanos, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

 Derecho a la salud, en el caso de este derecho, las presas aumentan las temperaturas y producen gases con efectos invernaderos; un informe denominado  «Represa Sucia» Las represas y las emisiones de gases de efecto invernadero, realizado por International Rivers, citando el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, calcularon que las grandes represas del mundo (las que miden más de 15 metros) emiten anualmente 104 millones de toneladas métricas de metano desde la superficie del embalse, las turbinas, los vertederos y los ríos corriente abajo”.

Según el informe, citando el Instituto Federal Suizo de Ciencia Acuática y Tecnología al evaluar la presa Wohlensee, un pequeño embalse en el centro de Suiza emite 780 toneladas métricas de metano al año y como detalla el informe el estudio midió solamente las burbujas de metano que se encuentran en la superficie del embalse: las emisiones reales pueden ser varias veces superiores debido a la desgasificación del metano en las turbinas, el aliviadero, y en el río aguas abajo.

 El aumento de las temperaturas y las emisiones de gases con efectos invernaderos provocan enfermedades e impacta de forma significativa la salud de las comunidades, aumenta problemática sociales y estimula la principal amenaza global para la civilización humana, el cambio Climático y Calentamiento Global, por eso se puede hablar hasta del derecho a la vida, pues, por el impacto de la obra son muchas las personas que podrían morir por las consecuencias indirecta de la hidroeléctrica, se ha visto personas mayores llorar de pensar que los ríos  Bao y Jagua podrían desaparecer, es decir, desde ya la obra tiene un impacto psicológico, de manera que, hablar de la hidroeléctrica es hablar del derecho a la vida. 

Derecho a disfrutar de un ambiente sano, este derecho está consagrado en el artículo 67 de la constitución, establece que los seres humanos tienen derecho a beneficiarse de un ambiente sano y el Estado debe garantizar un uso sostenible de los recursos naturales, por consiguiente, si existe la posibilidad de desarrollar otros proyectos de menos impacto lo lógico es que se respete ese derecho a las comunidades de La Sierra, pues, una de las razones de vivir en esta zona es por los grandes beneficios ambientales que le provee la naturaleza a través de los ríos y los árboles.

 Derechos económicos y sociales, en la constitución del 2010 se consagran estos derechos y en este caso, diversos derechos se verán limitado como el Derecho de Propiedad, pues la obra provocará la devaluación de sus propiedades por un cambio en el uso que restará impacto al ecoturismo y otras actividades, así mismo, el Derecho a la Seguridad Alimentaria, en este caso se limita la producción agrícola por el cambio de la temperatura y la existencia de gases como los mencionados que traen plagas y disminuye la producción agrícola y con eso se compromete la seguridad en la producción de los alimentos.  

 Derecho a vivir en un entorno seguro, sin riesgo por la construcción de la presa, es importante saber que de construirse esta hidroeléctrica, existen riesgo para la seguridad humana, pues las comunidades que viven en la parte baja (65 Kms en total de los ríos Bao y Jagua, distancia a la que se construirían los embalses más distante, desde la actual presa de Bao y los embalses en la montaña, es decir, vivirán en permanente riesgo, sobre todo, sabiendo que vivimos en una isla con alta amenaza sísmica.

Finalmente, junto a la violación de esos derechos se observa que, la intención de la empresa del Estado, EGEHID, es construir la obra en base a un plan mediático aplastante, una cuestión de ética que muestra un afán desmedido de imponer la obra con mecanismo antidemocrático, es decir, de hecho, y no en buen derecho, esto es deleznable en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que establece la Constitución en su artículo 7 y la protección efectivas que establece en el artículo siguiente.