Pedro Antonio Lluberes Saviñón donó el terreno en 1907 para construir la Universidad Santo Tomás de Aquino.
Un nuevo ingrediente se ha sumado a la historia sobre la propiedad del terreno del Palacio Nacional, relativo a su propietario original y la forma en que pasó a manos del Estado dominicano a principios del siglo XX.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se ha dispuesto a registrar el terreno de la mansión presidencial para conseguir un certificado de título definitivo bajo el entendido de que una parte no cuenta con título alguno y la otra fue declarada de utilidad pública por el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Esto ha generado el disgusto de los bisnietos y tataranietos de Pedro Antonio Lluberes Saviñón, el hombre que donó el solar al Estado en el año 1907 para construir la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Carlos Lamarche y Rafaelina Lamarche, tataranietos, y Leo Lamarche Lluberes, bisnieto, cuentan la historia según la cual su familia fue enajenada de esos terrenos de manera irregular por 115 años.
Narran que todo comenzó cuando Pedro Antonio Lluberes Saviñón, hombre rico en tierras, fundador de Gazcue, decidió donar una porción conocida como La Generala al Estado en el año 1907 para trasladar allí la Universidad Santo Tomás de Aquino. Lluberes Saviñón había comprado esa propiedad a Casimiro de Moya.
En una parte de sus propiedades reservó un espacio para construir la urbanización “La Aguedita”, en honor a su esposa Agueda Rosa Saviñón Bona, con 14 casas para cada uno de sus hijos, donde hoy se encuentra el Colegio del Apostolado en la Bolívar.
El terreno donado al Estado se llamaba La Generala porque desde inicios de 1800 ahí se encontraba la estancia de Josefa del Monte Pichardo, viuda de Juan Sánchez Ramírez, comandante de la batalla de Palo Hincado.
En el solar nunca se construyó la universidad, hasta que los Estados Unidos invadieron la República Dominicana y construyeron ahí el edificio de la Colecturía General de Aduanas. Cuando se retiraron los norteamericanos en el año 1924, el nuevo presidente Horacio Vásquez mudó allí la casa de Gobierno.
Trujillo demolió la residencia y construyó el Palacio Nacional actual desde 1943 hasta el 1947. Lamarche argumenta que, aunque Trujillo declaró 43 mil metros cuadrados de utilidad pública por decreto, de los 70 mil totales, nunca se completó la transacción para adquirirlo y que de eso no hay ningún cheque de prueba. La parte restante del terreno es la que el Gobierno sanea, ya que no estaba a nombre de nadie.
Los descendientes de Pedro Antonio Lluberes Saviñón se amparan en que los terrenos nunca fueron utilizados para el propósito que fueron donados, lo cual, según el Código Civil dominicano, revocaría la donación.
El artículo 953 dice que: “La donación entre vivos no podrá revocarse, a no ser en el caso de no ejecutarse las condiciones en que se hizo, por motivo de ingratitud o de nueva descendencia”.
Carlos Lamarche afirma tener en su poder un manuscrito en el que el propio Pedro Antonio Lluberes Saviñón solicitaba al Gobierno su devolución. Dice que su tía Altagracia Lluberes Herrera conversó con el expresidente Joaquín Balaguer sobre el tema, quien supuestamente le pidió que “dejara eso así”.
En el libro “El Palacio Nacional, 50 años de Historia y Arquitectura”, elaborado por la Presidencia de Leonel Fernández en el año 1997, se reconoce que “los terrenos habían sido donados al Estado por Don Félix Lluberes, un millonario en tierras, con la finalidad de que se erigiera en ellas la Universidad Santo Tomás de Aquino, habiéndose construido en cambio el edificio de estilo virginiano que ocupó la Receptoría General de Aduanas”.
En esta parte, Lamarche observa que se cometió un error al atribuir la donación a Félix Lluberes, quien realmente era el padre de Pedro Antonio.
La familia dice que no cuenta con un título de propiedad sobre el predio debido a que fue en el año 1912 cuando se empezó a aplicar la ley de registro de tierras que estaban fuera de la Zona Colonial, pero tampoco podrían haberlo hecho porque no lo poseía.
Sin embargo, se apoyan en el manuscrito en que Lluberes Saviñón reclamaba la devolución de la tierra, en la admisión del Gobierno de que se trató de una donación y en un mapa de la ciudad elaborado por el arquitecto Enrique Ernesto Paras y el agrimensor Luis David García Mella en el año 1916 en el que se señalan los propietarios de las tierras de Santo Domingo.
Los tres parientes solicitan un acercamiento, que se honre la memoria de su antepasado y, al menos, se coloque una tarja en Palacio con su nombre, cosa que no han logrado a pesar de los esfuerzos por conversar con Paliza.
Por otro lado, han apoderado a agrimensores y abogados para llevar su caso a la justicia, de ser necesario. También hablan de la posibilidad de hacerlo desde el sistema de justicia de Estados Unidos, debido a que fue ese país que originalmente ocupó el terreno irregularmente.
También se proponen objetar el proceso de deslinde y saneamiento que realiza la Presidencia.
Respuesta oficial
El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres Espinal, a cargo de la titulación de la casa de gobierno, explicó a Diario Libre que en el proceso de saneamiento y deslinde ha estado abierta la oportunidad para objeciones de parte de personas cuyos derechos hayan sido lesionados, pero que no han sabido nada del reclamo de esta familia.
De todos modos, señaló que todo estará sujeto a que “ellos lo puedan demostrar”, ya que “la prueba de que tú seas el dueño la da una certificación”.
De todos modos, advierte sobre el vencimiento de plazos para reclamar luego de 115 años.
Títulos casi listos
El proceso de titulación que lleva a cabo Mérido Torres Espinal está avanzado en más de un 90 %. Los 25,265.35 metros cuadrados sin dueño que están en proceso de saneamiento ya se mensuraron y están en estado de fallo, de manera que sólo resta la etapa del registro. Para los 37,342 metros cuadrados restantes se realiza un deslinde, para lo que ya se hizo la mesura y falta el registro. Finalmente se van a refundir los dos títulos en uno para tener un certificado definitivo. El Gobierno no ha tenido que erogar dinero ya que todos los terrenos estaban “en manos del Estado”, apuntó Torres.
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